El Consell ahonda su choque con el Gobierno y lleva al Supremo el reparto de 571 menores migrantes a la Comunitat
La portavoz Susana Camarero insiste en que «no se pueden imponer a las comunidades autónomas decisiones unilaterales sin recursos económicos«
Pau Sellés
Alicante
Martes, 5 de agosto 2025, 19:32
La Generalitat Valenciana se opone al reparto de menores migrantes no acompañados aprobado por el Gobierno central. Esta oposición se traducirá en la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio que determina la redistribución de jóvenes migrantes llegados a Canarias.
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Así lo ha explicado este martes la portavoz del Consell, Susana Camarero, durante la rueda de prensa posterior a la reunión plenaria, donde ha denunciado que este reparto de menores se ha realizado «de forma unilateral, sin negociación previa, sin explicar los criterios y, lo que es más grave, sin prever los recursos necesarios para atender dignamente a estos menores».
Según los cálculos del Consell, la llegada de estos menores supondría un coste de 44,5 millones de euros anuales
Según ha informado, la Comunitat debería asumir la llegada de 571 menores, lo que supondría un coste de 44,5 millones de euros anuales, frente a los 7,4 millones anunciados por el Gobierno, que solo cubrirían su estancia durante tres meses. «El sistema de protección de menores en nuestra Comunitat ya está tensionado, y esta imposición solo generaría hacinamiento y falta de atención adecuada», ha afirmado.
La vicepresidenta ha destacado que el recurso cuenta con el informe favorable de la Abogacía de la Generalitat y, al igual que ocurrió con el real decreto ley, se considera que puede infringir el ordenamiento constitucional de distribución de competencias, así como vulnerar los derechos fundamentales de estas personas menores de edad, lo que hace necesaria la presentación del correspondiente recurso contencioso-administrativo.
912 menores atendidos el pasado año
Camarero ha recordado que el pasado año se atendieron 912 menores extranjeros sin referente familiar en la Comunitat, con una ocupación media del 160 %, y que ya se había hecho un esfuerzo inversor de más de 9 millones de euros para aumentar en más del 60 % las plazas de atención residencial. «No es falta de solidaridad, es responsabilidad. No se puede atender a estos menores como merecen sin personal, infraestructuras ni financiación adecuada», ha remarcado.
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El Consell ya interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025, debido a que consideraba que suponía una «infracción del orden constitucional de distribución de competencias e injerencia en las de la Generalitat en materia del sistema de protección de menores».
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