Esquerra Unida denuncia «violencia innecesaria» en un desahucio en Alicante

El recrudecimiento de los desahucios en Alicante ya tiene su respuesta política. El portavoz del grupo municipal Esquerra Unida Podem en el Ayuntamiento ha considerado «constatado el uso de la violencia desmedida e innecesaria por parte de los agentes intervinientes» en el lanzamiento del pasado miércoles, 16 de julio, en Nou Alacant.

En un comunicado, el líder de la formación ha expresado su más rotunda condena «por los hechos ocurridos». Además, considera «totalmente incompatible» la situación vivida por los activistas con «los derechos fundamentales de las personas afectadas».

Copé participaba junto al Sindicat de Barri de Carolines y el de Zona Nord en el intento de aplazamiento del desahucio de dos personas de más de 60 años de su vivienda. El edil fue disuelto junto con el grupo por varios agentes de la Policía Nacional.

Desde la formación también consideran «grave» que los policías desplegados «no portaran visible su número de identificación». Aseguran que esto incumple lo establecido por la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Esta normativa obliga a los agentes a llevar visible su número de placa para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de la ciudadanía a conocer quién actúa en nombre del poder público», han afirmado.

En ese sentido, Copé ha denunciado que solicitó a un agente su número de identificación, al no llevarlo visible, y que este se negó a facilitarlo. «No podemos normalizar que quienes deberían proteger los derechos de la ciudadanía actúen sin identificarse y con un exceso de fuerza que vulnera la dignidad humana», ha declarado el edil.

Ante estos hechos, la formación ha trasladado a la Subdelegación del Gobierno una batería de propuestas en las que piden que se investigue a fondo el uso de la fuerza durante el desahucio y se depuren responsabilidades. También solicitan que se inicie un expediente disciplinario a los agentes que hayan incumplido la normativa sobre identificación y uso proporcional de la fuerza.

Además, reclaman que se garantice el cumplimiento estricto del deber de identificación visible por parte de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Exigen también que se impulse la revisión de los protocolos de actuación en desahucios, incorporando mecanismos de control y garantías para evitar abusos y proteger a las familias vulnerables.

Aunque la formación descarta por el momento emprender acciones legales, solicita a la Subdelegación que se determine si ha habido vulneración de derechos fundamentales —como el derecho a una vivienda digna, a la integridad física o a la tutela judicial efectiva— y que se adopten las medidas correspondientes ante la emergencia habitacional.

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