Coches con volantes reventados o dos agentes para emergencias: los sindicatos denuncian el colapso de la Policía Local de Alicante

Coches patrulla con volantes rotos, solo dos agentes disponibles para atender emergencias en algunos turnos y una plantilla desmotivada. Así describen los sindicatos la situación actual de la Policía Local de Alicante. Este jueves, representantes del Fesep y el Sitap comparecieron en la comisión municipal sobre seguridad para poner cifras y contexto a una crisis que, aseguran, arrastra años de desinversión.

Según los sindicatos, Alicante tiene un ratio policial de 1,2 agentes por cada 1.000 habitantes, cuando la media recomendada se sitúa en 2. Eso supondría una plantilla de, al menos, 700 efectivos. La situación empeora en verano, cuando la población se dispara hasta el medio millón de personas con la llegada de turistas, lo que reduce aún más los ratios.

El problema, no es nuevo y se arrastra desde hace años, gobierne quien gobierne y esté al mando quien esté al mando en la Policía Local. Así, reconocen que hace 10 años había 550 policías, cien más de los actuales. Y no solo faltan agentes si no que además faltan más de 60 mandos para adecuarse a la legalidad para una ciudad como Alicante. Esto impide organizar eficientemente a la plantilla, según las organizaciones sindicales.

La falta de agentes afecta también a las bolsas de horas del cuerpo. Los sindicatos reconocen que en septiembre suelen haberse agotado todas las horas extraordinarias, por lo que cubrir actos pasa a depender de la voluntad de los policías. Además, insisten en que el pago por esas horas —entre 11 y 12 euros, en el mejor de los casos— es muy inferior al de otros municipios, donde puede suponer hasta mil euros más al mes en Elche o 500 en Benidorm.

Casi la mitad de la plantilla de la Policía Local trabaja en horario administrativo (de lunes a viernes), lo que genera un desajuste en una ciudad turística como Alicante, con una gran cantidad de actos festivos, deportivos o reivindicativos durante fines de semana y festivos. Esto implica que haya pocos efectivos sábados y domingos, y que solo un oficial coordine toda la seguridad de la ciudad.

Entre las reclamaciones sindicales también figuran el aumento del pago por peligrosidad para los agentes en moto o el establecimiento de servicios mínimos.

Los sindicatos no solo relacionan problemas como las más de 5.000 llamadas de emergencia sin atender con la falta de plantilla, sino también con una deficiente organización interna y carencias en la estructura de mandos. Admiten que faltan oficiales e intendentes y que la actual distribución está pensada para una plantilla de 700 personas. Así reclaman una estructura de contingencia que optimice el trabajo mientras se hacen contrataciones.

Desde el Sitap denuncian que solo dos de cada diez agentes atienden llamadas de emergencia. Esa carencia obliga a desviar recursos de otros servicios, lo que sobrecarga aún más a una plantilla «quemada». Este «vestir un santo para desvestir a otro» se refleja en que, para reforzar el servicio de playas, se ha desmantelado la Policía de Barrio.

Los sindicatos denuncian la falta de medios: vehículos en mal estado, instalaciones obsoletas o carencia de chalecos protectores. Aunque reconocen que se están adquiriendo nuevos coches, aseguran que será necesario mantener esa inversión durante varios años para alcanzar estándares adecuados. Desde el Fesep apuntan que algunos coches están tan deteriorados que se cae el volante o los asientos están rotos.

En cuanto a las instalaciones todos ponen el ojo en la nueva Jefatura de la Playa de San Juan. Este centro será más puntero que la actual comisaría que data del año 1988 y que en estos más 35 años no ha sufrido grandes modificaciones.

También reclaman la renovación de los chalecos. Aunque hay avances, aseguran que faltarían alrededor de 100 unidades o que algunos están caducados u obsoletos. Además, alertan de la falta de materiales como test antidrogas o sonómetros, necesarios para aplicar la nueva ordenanza del ruido.

Otra demanda es la mejora en la formación, que a menudo asumen los propios sindicatos o los agentes a título personal. Piden ampliar las horas de tiro y prácticas con pistolas táser.

El concejal socialista Miguel Castelló ha afirmado que «todos los sindicatos que han participado en la comisión sobre el estado de la Policía Local han coincidido en que falta organización, planificación e inversión para garantizar sus funciones, y el máximo responsable es el señor Barcala». Por ello, ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones sindicales y ha instado al alcalde a «tomar nota y ofrecer soluciones».

Rafa Mas, concejal de Compromís, ha ido más allá al asegurar que «en esta ciudad no está garantizada la seguridad porque el Partido Popular y Luis Barcala nos quieren decir que quien quiera seguridad, que se la pague». Según ha dicho, su grupo pedirá responsabilidades políticas al alcalde en la próxima comparecencia de septiembre.

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