Alicante demanda el fin de la cita previa en la administración

La imposición de la cita concertada para la atención a la ciudadanía en distintas empresas genera una brecha digital sobre todo en las personas mayores de 65 años. El equipo de Gobierno de Alicante ha pedido una «atención abierta al ciudadano frente a la obligación de la cita previa».

Este sistema se impuso por la crisis sanitaria de covid-19 para respetar las normas de protección frente al virus. Sin embargo, con todas las indicaciones superadas, el método de cita previa se mantiene en distintas entidades públicas y privadas.

Este jueves 27 de julio se tratará la declaración que ha presentado el grupo popular en el Pleno municipal. En ella, han abogado por el fin de la obligatoriedad de la cita previa. Además, han solicitado una atención «prioritaria y preferente» para los mayores de 65 años en los registros y oficinas públicas.

Esta iniciativa no es solo para las empresas públicas. Ciertas entidades privadas usan este recurso para atender a la población. Por ello, el gobierno alicantino les ha pedido que «adopten las medidas necesarias para que deje de ser obligatoria».

Desde el consistorio han solicitado al Gobierno de España «el fomento de la administración abierta» en la que el ciudadano pueda acceder sin necesidad de cita previa obligatoria para ser atendido. Han dejado como «opcional y complementaria» a esta técnica.

Por otro lado, se ha propuesto avanzar en el uso de las nuevas tecnologías que permitan evitar desplazamientos innecesarios a las sedes municipales. También se ha incluido la idea de facilitar las condiciones para el acceso administración electrónica, especialmente en núcleos rurales y alejados de las redes de internet.

La portavoz del grupo popular Mari Carmen de España ha explicado que la imposibilidad de obterner esta citación en un plazo razonable o la dificultad de acceso tecnológico «deterioran la atención de calidad que el ciudadano merece por parte de las administraciones públicas».

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