García Ortiz niega que revelara secretos entre reproches cruzados de sus fiscales

El Tribunal Supremo celebró este lunes la primera sesión del juicio al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, por el que le reclaman hasta seis años de prisión y 12 más de inhabilitación. La escena de Álvaro García Ortiz sentado en los estrados de la sala de vistas, vestido con la toga tras haber llegado solo a la sede judicial en su vehículo oficial, ya es historia de la justicia española. Es el primer jefe del Ministerio Público en ejercicio sentado en un banquillo. El máximo responsable de los 2.800 fiscales de la carrera y quien encabeza la institución garante de la legalidad sometido al escrutinio de siete magistrados de la Sala de lo Penal. Y su única respuesta hasta ahora –su declaración está prevista para el 12 de noviembre– fue un sonoro «no» a la pregunta concreta de su presidente, Andrés Martínez Arrieta, sobre si asumía los escritos de las acusaciones personadas.

La jornada inaugural exhibió las tensiones propias de todos los actores en liza y los reproches cruzados entre dos fiscales subordinadas de García Ortiz, quienes evidenciaron las fracturas personales en la jefatura de Madrid. Unas diferencias mostradas durante la fase de las cuestiones previas y en las primeras testificales, que dieron el pistoletazo de salida al juicio.

Por una parte está la Abogacía del Estado, en defensa de García Ortiz, y la Fiscalía del Supremo sosteniendo con vehemencia la absolución del procesado. También detallaron la ristra de presuntas vulneraciones de derechos fundamentales que se habrían producido durante la instrucción, y que la sala anunció que revolverá en sentencia. Del otro lado, la defensa del querellante, Alberto González Amador, y los abogados de las acusaciones populares personadas, que se afanaron en sostener la autoría del encausado.

Un García Ortiz con un rictus serio asistió impasible a la intervención de los abogados y los primeros testigos, subordinados suyos. Más de ocho horas de vista oral en esta primera sesión, que continúa hoy con la presencia de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña.

El primero de los 40 testigos en comparecer fue el fiscal Julián Salto, clave en la negociación con el letrado de la pareja de Ayuso. El integrante de la unidad de delitos económicos declaró dos cosas relevantes para el procedimiento: que sus superiores conocieron por él el 12 de marzo de 2024, un día antes de la presunta revelación del correo por parte del fiscal general, el ofrecimiento del abogado de González Amador para reconocer los delitos fiscales a cambio de evitar una pena de prisión. Y, en segundo lugar, que le transmitieron la urgencia de García Ortiz en reportar todos los correos de la negociación para elaborar una nota de prensa que desmintiera determinadas informaciones publicadas que no eran veraces. Una petición que vio con normalidad: «Fue legal, me dijeron que el interés del caso era la relación de González Amador con la presidenta de Madrid», afirmó.

Su jefa en la Fiscalía Provincial de Madrid le precedió en la sala. Pilar Rodríguez, que llegó a estar investigada también, aseguró al tribunal que «no hubo clandestinidad» al rendir cuentas a sus superiores sobre los 'emails' que fueron revelados a la prensa y por lo que se acusa a García Ortiz. Pero sobre todo si algo quedó claro de su testifical fueron sus diferencias con la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, a la que achacó el «exabrupto» de la filtración que señala a su jefe máximo.

Rodríguez también expresó su sorpresa porque desde el día 7 de marzo de 2024, seis días antes de la presunta revelación del correo, su colega Lastra no sacó ningún comunicado de prensa sobre la denuncia presentada contra González Amador por delitos fiscales cuando ellas ya conocían la relación con Ayuso y, por lo tanto, no se trataba de un ciudadano cualquiera.

En el caso de Lastra, que se presentó como teórico testigo de cargo contra el fiscal general, reiteró que le preguntó a García Ortiz el 14 de marzo siguiente sobre la filtración de los correos la noche anterior: «Me llamó y cuando colgué antes de darle incluso los buenos día le espeté: '¿Has filtrado los correos?'», a lo que éste respondió: «Eso ahora no importa, hay que sacar ya la nota» para desmentir el «bulo» de Miguel Ángel Rodríguez sobre el pacto del fiscal con el abogado de González Amador, cuando el ofrecimiento fue al revés.

De forma previa, la defensa al acusado, ejercida por la abogada del Estado Consuelo Castro, llamó la atención sobre «las irregularidades cometidas en la instrucción» por parte del magistrado Ángel Hurtado, a quien recriminó haber actuado con «la idea preconcebida de que el fiscal general era culpable» buscando únicamente «pruebas incriminatorias». «Mucha queja abstracta y ninguna concreta», respondió en su turno el abogado del querellante, Gabriel Rodríguez Ramos.

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