El exalcalde de Bigastro se declara inocente de apropiarse de dinero del contrato del PGOU

El excalcalde de Bigastro José Joaquín Moya se ha declarado este viernes inocente de los delitos que se le imputan, por presuntamente quedarse parte del dinero abonado por la adjudicataria del sector D12 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2005 y por los que se enfrenta a una pena de siete años de cárcel y otros 20 de inhabilitación absoluta por un supuesto delito continuado de malversación.

Por los mismos hechos también se le imputa al ex primer edil socialista un supuesto delito continuado de prevaricación para el que el Ministerio Fiscal pide 12 años de inhabilitación especial para cargo público.

En la primera sesión del juicio, que se ha iniciado este viernes en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, ubicada en Elche, Moya se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía y solo ha contestado a preguntas de su defensa.

En el juicio también ha comparecido como acusado el exsecretario del Ayuntamiento bigastrense, quien tampoco a respondido al Ministerio Fiscal. Para él, Fiscalía pide cinco años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, más otros 12 años de inhabilitación especial para cargo público por el supuesto delito continuado de prevaricación.

La defensa del exalcalde de Bigastro ha solicitado la nulidad del caso debido a que no consta la declaración de los acusados durante la instrucción y, a su juicio, hay 12 motivos que justifican este extremo. El juez ha trasladado que «repasarán la documentación» para ver si tienen razón y se dejará constancia en la sentencia.

Asimismo, la defensa también ha reclamado la suspensión del procedimiento por no haberse transcrito declaraciones de este proceso, a lo que el fiscal ha indicado que las mismas están grabadas y la ley no exige su transcripción. La sala ha reconocido que dicha transcripción «sí puede dificultar la agilidad del procedimiento por lo que no se van a retrotraer las actuaciones» y, así, ha rechazado esta petición de la defensa.

Respecto al exsecretario, su defensa ha alegado que le llamaron a declarar «cuando faltaban informes, como los de Conselleria, que eran necesarios» para justificar que «no ha habido prevaricación». Por lo que el letrado ha afirmado que se produce «vicio en su defensa».

Durante la primera sesión del juicio ha declarado Rosario Bañuls (PP), quien sucedió en el cargo como alcaldesa a Moya. Bañuls ha afirmado que la contabilidad era «caótica» cuando llegó al consistorio. Al ser preguntada por si desistió de aprobar la modificación quinta del sector B 12 del Pgou ha indicado que «no lo recuerda». Respecto a la cuestión planteada de si había muchos planes parciales y reconversión en la calificación de los terrenos, Bañuls ha resaltado que «entonces estaba centrada en el B6».

Según mantiene la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre los 2004 y 2006 cuando presuntamente los procesados adjudicaron a una empresa la condición de agente urbanizador del sector D12 del Plan General de Ordenación Urbana, antes de que se este se aprobara definitivamente y de que finalizara su tramitación. Los procesados habrían realizado la adjudicación vulnerando las normas de libre concurrencia.

La modificación número 5 del Pgou se aprobó de forma provisional en el pleno municipal del 31 de enero de 2005 y supuso concretar una nueva delimitación el sector D12, por lo que «era de nueva creación» y requería su aprobación definitiva la Conselleria de Urbanismo, según la argumentación del fiscal. De hecho, el 14 de noviembre de 2008 la Generalitat decidió suspender la aprobación por una serie de defectos.

Sin embargo, ha añadido que «en el pleno del 8 de agosto de 2005 se acordó la exposición pública del programa de actuación integrada del sector D12 del PGOU de Bigastro», pese a estar supeditada a la mencionada aprobación definitiva de Conselleria.

En la misma línea, ha relatado que, un día más tarde de este pleno, el 9 de agosto del citado año, el excalcalde Moya suscribió «carta de pago» a favor de una empresa de construcción por «un importe de 300.000 euros», por lo que el fiscal considera que se podría estar «anticipando la adjudicación». Los 300.000 euros los recibirían el exalcalde y exsecretario «en concepto de cesión de derechos el 10% del aprovechamiento lucrativo, que según la legislación urbanística corresponde a la administración».

El fiscal ha apuntado que esos 300.000 euros fueron recibidos por el exalcalde supuestamente como depositario y, de esa cantidad, fueron satisfechos en efectivo 162.000 euros, pero «no se efectuó el adecuado ingreso en las arcas municipales, ni tampoco se ha acreditado que los destinaran a satisfacer algún fin público o necesidad del Ayuntamiento».

Asimismo, ha señalado que el 4 de agosto de 2006, tanto el exalcalde como el exsecretario como depositarios recibieron el pago de 150.000 euros, importe que también se entregó en efectivo, tal y como consta en cartas de pago suscritas por los acusados, pero supuestamente «no procedieron a su ingreso en las cuentas municipales ni en ningún otro fin público», según sostiene el fiscal del caso.

Ante los pagos efectuados, finalmente el 18 de noviembre de 2009, la empresa adjudicataria del D12 del PGOU presentó un escrito en el Ayuntamiento de Bigastro en el que indicaba que había ingresado 1.030.000 euros para el cargo del 10% del aprovechamiento urbanístico. Ante esta situación, y al no poderse desarrollar el plan urbanístico, tras la suspensión de Conselleria, presentó recurso contencioso en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Elche el 7 de octubre de 2010, que se estimó favorablemente, pero que fue recurrida en apelación por el Ayuntamiento de Bigastro.

El 27 de febrero de 2018 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana estimó parcialmente el recurso, por lo que de confirmarse esta decisión el Ayuntamiento de Bigastro «deberá devolver las cantidades fijadas en la sentencia» y, todo ello, «sin que los acusados adoptaran medidas para garantizar que las cantidades recibidas pudieran ser restituidas».

Además de las penas de prisión e inhabilitación, el fiscal considera que por estos hechos el exalcalde debe indemnizar con 162.000 euros al Ayuntamiento de Bigastro por el pago efectuado por la empresa adjudicataria el 9 de agosto de 2005, mientras que tanto Moya como el exsecretario deberán indemnizar al consistorio con 150.000 euros por el pago realizado el 4 de agosto de 2006.

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