La Comunitat Valenciana recurrirá ante el Constitucional el reparto de menores migrantes
Considera una «injerencia» sobre las competencias autonómicas el acuerdo con Junts | La autonomía tiene un 160% de ocupación de recursos
La Comunitat Valenciana recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) el reparto de menores migrantes al considerarlo «supone una clara injerencia en las competencias propias en materia de protección de menores». El pleno del Consell de este martes ha acordado autorizar a la Abogacía General de la Generalitat a iniciar los trámites necesarios para interponer el recurso, según ha explicado la portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero.
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El gobierno valenciano alegará que la norma del Gobierno «vulnera competencias exclusivas de la Comunitat Valenciana en materia de asistencia social y protección de menores, según lo establecido en el artículo 148.1.20 de la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía».
Camarero ha criticado que «el Gobierno establece de forma unilateral unos criterios que no han sido previamente debatidos, ni acordados, ni negociados con las comunidades autónomas, lo que lleva a una clara imposición». La vicepresidenta autonómica ha aseverado que «la injerencia competencial sufrida redundará en detrimento de la calidad de la atención que estos menores requieren».
900 menores atendidos
el pasado año en la Comunitat
160% de ocupación de recursos
con 490 menores atendidos a la vez en un sistema con 317 plazas
Camarero se ha referido a una «crisis migratoria» en la Comunitat Valenciana producida por la llegada de menores no acompañados a través de distintas vías, sea pateras, a través de comunidades vecinas o mayores ya que su posicionamiento geográfico «facilita la entrada de estos menores en pateras», otros llegan procedentes de comunidades vecinas y «través de los programas de atención humanitaria, de la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración, con entidades del tercer sector, pero que una vez en la península manifiestan que son personas menores de edad, pasando a ser atendidas a través del sistema de protección».
«Llegan a través de los cupos de mayores que el Gobierno está trasladando de Canarias sin hacerles la prueba de edad y ahí han aproximadamente entre 90 y 100 menores, porque no todos sabemos la procedencia de los mismos, de esos cupos que el Ministerio va trasladando, cupos de adultos entre los que se cuelan menores por no haberles hecho en Canarias la prueba de edad», ha afirmado.
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Todo ello, según la consellera, ha obligado a incrementar en 122 las plazas de atención residencial con más de 9 millones de euros. Ha destacado que las plazas a la atención de estos menores suponen un coste anual de 23 millones de euros, «de los cuales solo se reciben por parte del Gobierno de España 1,2 millones de euros del programa migratorio».
Susana Camarero ha expresado la «solidaridad absoluta con Canarias», pero la «preocupación máxima» por la situación de los centros valencianos, y ha afirmado que quiere «la máxima dignidad y calidad» para dar a los menores «el futuro que se merecen, por lo que no va a »permitir que se hacinen«.
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