Alicante suma siete de cada diez viviendas turísticas dadas de alta en la Comunitat solo en 2025

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha hecho este viernes una valoración del primer año de aplicación del decreto ley que regula las viviendas de uso turístico (VUT) en la Comunitat Valenciana. La consellera se muestra positiva y declara que «ha supuesto una profunda transformación en uno de los subsectores turísticos más relevantes y dinámicos de nuestra economía».

En sólo un año, entre las tres provincias valencianas se han registrado 8.579 nuevas viviendas turísticas, es decir, el doble de las que se inscribieron en el año anterior. Sólo entre enero y julio de este mismo año, 2025, se han sumado otras 4.668 viviendas de entre las cuales 3.391 están en la provincia de Alicante, 1.506 en València y 791 en Castellón.

La Comunitat Valenciana cuenta con más de 94.000 VUT registradas oficialmente, a pesar de haber dado de baja casi 12.000 durante el año que lleva vigente la ley. Se espera que en la tercera fase, que se iniciará en los próximos meses, los organismos den de baja otras 7.000. Las principales causas por las que las viviendas se invalidan son la falta de referencia catastral y número de identificación fiscal.

Uno de «principales avances» de la nueva ley, según Cano, ha sido que ahora la Generalitat puede delegar a los ayuntamientos la potestad sancionadora a través de un convenio firmado por la Federación Valenciana de Municipio y Provincias (FVMP). Es el caso de ayuntamientos como el de Valencia, Benidorm, Faura, Carròs, Piles y Ayora.

Cano ha destacado que la norma «ha permitido avanzar en la legalidad, control y sostenibilidad de las viviendas turísticas, combatiendo el intrusismo y mejorando la convivencia ciudadana», en un contexto de crecimiento continuo de esta modalidad de alojamiento.

Por otro lado, la responsable de la política turística del Consell ha indicado que «el Plan de Inspección Turística 2024 ha intensificado la vigilancia sobre las VUT, con un aumento del 33 % en las inspecciones, y más de 450 actuaciones en el marco del programa contra el intrusismo y la economía sumergida».

Además, ha puesto especial hincapié en que «durante 2025, se han introducido inspecciones aleatorias a este tipo de viviendas, para verificar el cumplimiento de requisitos como la declaración responsable, la referencia catastral individualizada o la compatibilidad urbanística. El objetivo es aplicar escrupulosamente la Ley y garantizar la oferta regulada», ha añadido Cano.

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