La Generalitat instalará 300 alarmas 'antiokupas' en viviendas públicas
Alicante contará con la mitad de los nuevos sistemas licitados por el Consell
La Generalitat Valenciana ha reforzado la lucha contra la okupación ilegal de viviendas públicas. A través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), se ha licitado la instalación, mantenimiento y reposición de 300 sistemas de seguridad y alarmas individuales en inmuebles del parque autonómico. El contrato, con un presupuesto total de 1.049.070 euros, se extenderá durante cuatro años y se divide en dos lotes: uno para la provincia de Alicante, con 150 alarmas, y otro para Valencia y Castellón, con otras 150.
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La medida forma parte del plan impulsado por la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que ha intensificado las actuaciones para proteger las viviendas públicas frente a okupaciones irregulares. Estos dispositivos de alarma, sin conexión al suministro eléctrico, permiten alertar de forma inmediata a la Policía ante cualquier intento de acceso no autorizado.
La directora general de la EVha, Estefanía Martínez, ha subrayado que este sistema supone «un refuerzo esencial en la prevención», ya que las alarmas se trasladan a otras viviendas una vez adjudicado el inmueble. Además de la instalación, el contrato incluye el mantenimiento, la reposición de equipos en caso de vandalismo, la custodia de llaves y la verificación presencial durante toda la vigencia del acuerdo.
Desde la Generalitat se ha insistido en que la okupación ilegal es «uno de los principales problemas del parque público», y que se está actuando de forma coordinada para garantizar que las viviendas rehabilitadas puedan adjudicarse a familias que cumplen los requisitos y respetan la ley. El Consell ha incrementado la inversión en medidas de seguridad complementarias, como puertas antivandálicas y vigilancia privada en algunos bloques.
El plazo para presentar ofertas finaliza el 31 de octubre y toda la información puede consultarse en la Plataforma de Contratación del Estado. Con esta actuación, la Generalitat reafirma su compromiso de proteger el patrimonio público y asegurar el acceso legal a la vivienda social.
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