Los promotores de Dénia emprenderán acciones penales contra el Plan General Estructural
Planean acudir a los tribunales contra el Ayuntamiento y el Consell para frenar un documento que tildan de «lesivo» y «niega la realidad urbanística de los últimos 35 años»
La Asociación de Promotores Turísticos de Dénia rechaza la aplicación del nuevo Plan General Estructural en el municipio. Durante una reunión con sus asociados, empresas del sector y propietarios de suelo, han manfiestado su intención de emprender acciones contenciosas y penales contra el Ayuntamiento y la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat.
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Todo ello con el fin de obtener «responsabilidad personal contra todos aquellos políticos y/o funcionarios de la inclusión de la sorprendente cláusula de responsabilidades patrimoniales». Y es que denuncian también «fundadas irregularidades procedimentales en la tramitación del Plan General», como la «ausencia de la obligada exposición pública debido a la introducción de cambios sustanciales».
Una vez expuestos los motivos, «los numerosos participantes reaccionaron estupefactos» ante las descripciones del «caótico procedimiento urbanístico, las sangrantes determinaciones de Costas, así como por la naturaleza rupturista de un Plan que niega la realidad urbanística de los últimos treinta y cinco años, dando por caducados convenios, desclasificando suelos y, pretendiendo solventar la situación que ha llevado hasta la fecha, a condenas judiciales valoradas en más de cuarenta millones de euros».
La decisión de la Asociación de Promotores, «consensuada por el conjunto de asistentes», fue la de constituir «urgentemente» una comisión de trabajo para el seguimiento de los procedimientos judiciales presentes y futuros, concretándose actuaciones inmediatas respecto al nuevo recurso contencioso administrativo contra la sesión de pleno municipal para la aprobación del Plan General Estructural, así como para el estudio e interposición de actuaciones penales».
Esta denuncia se hará «extensiva, si se estima procedente en derecho, a la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat Valenciana, órgano sustantivo que es quien ha exigido su exoneración previa para la aprobación del pernicioso Plan General, obligando al consistorio a asumir que las altísimas indemnizaciones posibles recaigan exclusivamente sobre los ciudadanos y contribuyentes dianenses, tratando de alcanzar con ello y a cualquier precio, el éxito político de la aprobación definitiva del Plan en la víspera de las elecciones del 28 de mayo».
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