Los juzgados de Alicante se paralizan: arranca la huelga indefinida de los letrados de Justicia

Tras un año de disputas y promesas incumplidas, los letrados de administración de Justicia (LAJ) -conocidos anteriormente como secretarios judiciales- dicen basta y comienzan una huelga indefinida que paralizará la justicia en Alicante y el resto de provincias. El parón propiciará que solo se ejecuten los servicios mínimos acordados por el Ministerio.

El trabajo de estos especialistas en el ámbito judicial es clave para el funcionamiento de los juzgados. Realizan unas labores de carácter técnico: manejan la documentación y ordenan e impulsan el proceso judicial. Además, se encargan -entre otras cosas- de formar los autos y expedientes para dejar constancia de las resoluciones dictadas por los jueces y magistrados.

También dan fe pública de los distintos actos procesales y relizan tareas de organización, inspección y gestión. Tal es la importancia de su trabajo que sin su firma puede ser nulo todo en una causa. En la provincia de Alicante hay 174 LAJ y una veintena de vacantes, según indican desde el cuerpo de letrados.

Los técnicos judiciales aseguran estar hartos del, según su postura, 'ninguneo' del Ministerio de Justicia. El origen del conflicto se atribuye a promesas incumplidas por parte de la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien -según los letrados- se comprometió por escrito con las asociaciones a compensar económicamente esas nuevas funciones a través de dos vías: la cláusula de enganche o la reducción de los grupos de población.

La primera opción para resolver el conflicto reside en «enganchar» el salario de los letrados al de los jueces y fiscales vía enmienda al Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa. Es decir, garantizar que los LAJ nunca pudiesen percibir menos del 75 % -ahora rondan el 65 %- del salario de los jueces y magistrados.

Los letrados piden que ese porcentaje sea el 85% y el Ministerio lo ha reducido en un 10 %. En la actualidad, cada colectivo de trabajadores percibe una remuneración según su decreto de retribuciones que no están vinculados.

La segunda opción, propuesta por el Colegio, consiste en reducir los grupos de población de cinco a tres, de esta forma los que perciben un salario menor por estar destinados en pequeños núcleos urbanos verían aumentadas sus retribuciones. Actualmente, los LAJ cobran según las poblaciones en las que trabajan. A diferencia de otros funcionarios de Justicia de la misma categoría se dividen en cinco grupos, en vez de tres.

Las dos vías para resolver el conflicto y desconvocar la huelga llegan al mismo punto: adecuar el salario a sus comptetencias, funciones y responsabilidades; que es lo que solicitan desde hace un año.

Los LAJ también reclaman que se les reconozca el derecho a disponer de una negociación colectiva propia e independiente. Asimismo, exigen que se les respete los acuerdos firmados con Justicia el pasado mes de abril, acuerdos por los que el sector decidió desconvocar la huelga que tenían prevista para ese mes.

Los paros de los pasados meses de noviembre y diciembre en la provincia de Alicante tuvieron un gran seguimiento. La media fue del 93%, mientras la nacional fue del 73%. Esto se debe, según relatan desde las asociaciones, a que la carga de trabajo es «muy superior por el volumen de ligitiosidad que se registra».

Con el paso de los meses la situación no ha cambiado y los antiguos secretarios judiciales acusan al Ministerio de Justicia, de incumplir lo firmado y «boicotear su propio compromiso». También denuncian que el Ministerio todavía no ha presentado una propuesta concreta y no ha reconocido ni la cláusula de enganche, ni la reducción de los grupos de población.

El único grupo parlamentario que recogió la petición de los LAJ fue Ciudadanos, que incluyó en el proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa una enmienda al respecto. El resto de grupos políticos apoyaron la enmienda y se comprometieron a votar a favor.

La huelga convocada por los técnicos judiciales supone una paralización de la justicia. Solo los servicios mínimos evitan que los juzgados bajen la persiana por completo. «Somos un colectivo muy pequeño, pero como el funcionamiento del juzgado depende de nosotros, la huelga para la justicia», afirman desde el cuerpo de letrados.

Los técnicos judiciales comprenden el daño que hacen a la ciudad con este parón judicial, pero aseguran que se han visto obligados a tomar esta drástica decisión al no recibir ninguna oferta del Ministerio. «No podíamos seguir así, en algún momento teníamos que plantarnos».

Los servicios mínimos -fijados por Justicia el pasado 20 de enero- mantendrán los juzgados abiertos. Las guardias, los matrimonios, nacimientos o defunciones; los juicios con presos, las actuaciones de violencia de género, las medidas cautelares o provisionales que afecten a derechos fundamentales seguirán sus procedimientos.

Los antiguos secretarios judiciales contarán con ayuda para realizar una presión externa al Ministerio. Han nombrado como mediadores independientes a cuatro miembros del Consejo General del Poder Judicial: Gerardo Martínez Tristán, María Concepción Sáez Rodríguez, Álvaro Cuesta Martínez y María Ángeles Carmona Vergara. Además del decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón.

Desde las asociaciones de letrados no son optimistas y catalogan la situación como «un culebrón», ya que denuncian que el Ministerio de Justicia no se ha querido reunir con el comité de empresa para negociar, «algo que es una obligación legal», aseguran.

La paralización ha sido convocada por las tres asociaciones del colectivo: el Colegio Nacional (Cnlaj), la Asociación Independiente (Ainlaj) y la Unión Progresista (UPSJ). Además, ha sido comunicada formalmente por UPSJ y Asejus -sindicato del Colegio-.

Durante las anteriores protestas -29 y 30 de noviembre y 14 y 15 de diciembre- se aplazaron centenares de procedimientos en Alicante. Lo mismo ocurrió en el resto de provincias de España. Con esta huelga indefinida, se estima que la cantidad de aplazamientos superarán con creces los números de los anteriores paros, lo que acarrearía un colapso de la justicia.

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