Funcionarios de Alicante 'entierran' a la Justicia

La Justicia en España no pasa por su mejor momento. Esta mañana se ha vivido una de las imágenes del año en Alicante. Funcionarios de los juzgados de la provincia han escenificado el entierro de la Administración de Justicia, «muerta desde el 17 de abril por falta de negociación».

Gran parte de los asistentes a la protesta vestían de negro en señal de luto en un funeral que ha ido acompañado de una cacerolada. La escenificación, que estaba encabezada por el ataúd y una corona de flores, se ha disuelto una vez los representantes de los sindicatos convocantes -STAJ, UGT, CC OO y CSIF- han expuesto la situación que vive el colectivo y el momento actual del conflicto.

Desde el colectivo laboral han denunciado la situación laboral que están sufriendo. Como ocurrió en el anterior paro indefinido de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), todas las críticas apuntan a la misma figura: la ministra Pilar Llop, cuya imagen ha sido colocada en una esquela con la frase: «La Justicia falleció el día que Pilar Llop tomó posesión como ministra». «UGT, CSIF, CC OO y STAJ ruegan una oración por su eterno atasco».

El comité de huelga de los funcionarios sigue sin alcanzar un acuerdo con Justicia. Hasta ahora, se han celebrado tres reuniones con el Ministerio. En ninguna se ha debatido una oferta económica. En la última, Justicia ofreció a los sindicatos el compromiso de retomar la negociación una vez superadas las elecciones del 23 de julio y conformados los gobiernos autonómicos y central. El comité de huelga rechazó este ofrecimiento y optó por encerrarse en la sede ministerial, aunque tres días después abandonó el edificio avisando que el conflicto aún no ha terminado.

No es el primer pulso con el que tiene que lidiar la ministra de Justicia. El pasado enero, los letrados judiciales iniciaron una huelga que paralizó la Adminsitración durante dos meses. Las secuelas a nivel nacional dejando grandes secuelas a nivel nacional. En Alicante se bloquearon 185 millones de euros y se suspendieron alrededor de 20.000 juicios.

Desde el 22 de mayo, los funcionarios de Justicia del país están en huelga indefinida ante la negativa del Gobierno a negociar y atender sus demandas laborales y salariales, cosa que sí han hecho con los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), y los jueces y fiscales -que llegaron semanas después a un acuerdo en el que firmaron una subida salarial-, denuncian desde las asociaciones convocantes.

En cifras absolutas, los letrados consiguieron un incremento total de 22,7 millones de euros, mientras que jueces y fiscales lograron unos 46,7. Ambas cifras se quedan por debajo de los 200 millones que reclaman los 45.000 funcionarios.

El delegado de UGT, Juan Pedro Pelegrín, ha asegurado que había agendada para este viernes una mesa sectorial para informar a los sindicatos del incremento retributivo que pactó con los LAJ para poder formalizar el acuerdo. «La mesa de reunión la hemos desconvocado porque es una sinvergozonería», ha detallado el líder sindical, que ha añadido que hasta que no resuelva la ministra el conflicto con los trabajadores «no podemos negociar nada».

El Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) impugnó la subida de hasta 450 euros brutos al mes a los letrados de la Administración, recurso que ha admitido a trámite la Audiencia Nacional. La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha considerado que «pueden estar en juego derechos como el de la negociación colectiva», por lo que ha entendido que no hay razones para inadmitir el recurso.

Según consta en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, STAJ presentó el recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo que la Administración del Estado rubricó el 28 de mazo con el comité de huelga de los LAJ para poner fin a la huelga indefinida que se prolongó durante dos meses.

El pasado 3 de mayo, los magistrados de la Audiencia Nacional dieron traslado a la Abogacía del Estado y al Ministerio Fiscal para que informasen sobre la «posible falta de jurisdicción para conocer del presente recurso», dado que «lo que se impugna no es un acto administrativo sino un acuerdo que no tiene encaje en lo previsto en el artículo 1.1 de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa». Ahora, ha concluido que «no procede acordar, de momento, la inadmisión del presente recurso».

Temas

• Juzgados