El Consell Jurídic Consultiu da vía libre a Benidorm para romper con la concesionaria de la ORA

El ayuntamiento de Benidorm sigue dando pasos para poder resolver el contrato que mantiene con la UTE encargada del servicio de la ORA después de haber constatado y denunciado una larga lista de incumpli-mientos por parte de la empresa y que han llevado, incluso, al cobro de una comisión no contemplada en el pliego de condiciones del 10% para los usuarios de una de las dos aplicaciones que permiten el pago del estacionamiento en la zona azul.

Así, el Consistorio ha recibido ya el dictamen emitido por el Consell Jurídic Consultiu el pasado 22 de noviembre, del que se dio cuenta a los grupos políticos en la sesión plenaria de este lunes. Un dictamen, adoptado por unanimidad de todos los miembros del órgano consultivo, en el que se indica claramente que «procede declarar la resolución del contrato de Gestión de Servicio Público de Regulación del Estacionamiento en vías públicas y de retirada, inmovilización y depósito de vehículos en el término municipal de Benidorm».

El pronunciamiento emana, según han explicado los responsables municipales, de los «numerosos incumplimientos» detectados por el Ayuntamiento y que derivaron en la incoación de un expediente sanciona-dor a la empresa concesionaria, que después se anuló para dar paso a otro expediente, en este caso de resolución del contrato, al conocer que la mercantil estaba cobrando de más, de forma indebida, a los usuarios del servicio.

De hecho, el expediente sancionador se inició en noviembre de 2022 tras constatarse que el contratista había cometido cinco infracciones muy graves como eran la reducción de personal adscrito al contrato sin autorización municipal, el cese de la asistencia técnica anual, la inexistencia de una oficina en vía con esta-cionamiento regulado, tener un cajero automático expendedor que no expendía dinero y el incumplimiento de disponer de plotter.

Sin embargo, un informe posterior, fechado en febrero de 2023, advertía de una nueva conducta infractora tras detectar que la mercantil estaba realizando un cobro indebido de entre 0,05 y 0,10 euros por el pago del estacionamiento a través de una 'app'.

Dicho informe señalaba que la concesionaria lo hacía «sin autorización, ni tan siquiera comunicación con la dirección facultativa». Por ello, en el informe se añadían otras dos infracciones «muy graves»: cobrar más de lo que establece la tarifa aplicable y no comunicar al Ayuntamiento la recaudación adicional de unos supuestos gastos de gestión no aprobados.

Se reseñaba incluso que los incumplimientos detectados en noviembre de 2022 «siguen sin subsanarse a fecha del presente informe», por lo que ello «podrá dar lugar a la imposición de sanciones, así como a la resolución del contrato».

Una vez incorporados todos los informes técnicos y jurídicos, el 25 de septiembre de 2023 se acordó la incoación del procedimiento de resolución del contrato por incumplimiento del contratista que, en sus alegaciones se oponía a la resolución contractual.

Tras estudiar el expediente el Consell Jurídic Consultiu y analizadas las explicaciones de la mercantil conce-sionaria, el órgano consultivo concluyó que «en el procedimiento instruido por el Ayuntamiento procede declarar la resolución del contrato».

Ahora, el Ayuntamiento continuará con el procedimiento ordinario para estos casos, consistente en la resolución del procedimiento como paso previo a la resolución del contrato con la concesionaria.

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