Alicante anuncia su frontal rechazo a acoger menores migrantes no acompañados trasladados desde Canarias
El equipo de gobierno alega que carece de recursos habitacionales propios para cumplir con las «imposiciones» del Ejecutivo central a la Comunitat
Portazo del Ayuntamiento de Alicante a la petición del Gobierno central, a través del Consell, de acoger menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias. La portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, ha comunicado este viernes el rechazo a la medida que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «trata de imponer a las autonomías, incluida la Comunidad Valenciana», subraya.
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Y lo argumenta en el hecho de que Alicante no dispone de recursos residenciales propios para tal fin. Cutanda agrega que el Ayuntamiento de Alicante ha tenido conocimiento este jueves de la carta remitida por la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat , en la que, «tras exponer la situación actual de sobreocupación» del sistema de protección de menores autonómico, solicita «conocer las infraestructuras, espacios o recursos disponibles en el municipio«.
Como respuesta a este texto del Consell, el gobierno municipal replica lo siguiente: «El Ayuntamiento de Alicante y los alicantinos son solidarios con los que más lo necesitan, como hemos demostrado en multitud de ocasiones, pero, en este caso, no vamos a atender a la solicitud trasladada desde el Gobierno central a la Generalitat para que Alicante acoja menores inmigrantes no acompañados, ya que no disponemos de recursos residenciales propios para la acogida de menores, incluidos los menores inmigrantes no acompañados, al no ser competencia municipal».
Por último, Cutanda recalca que desde el equipo de gobierno se respalda «plenamente la postura de rechazo del Consell, respecto a las imposiciones del Gobierno central para el reparto de menores no acompañados, una decisión unilateral que no ha ido acompañada de planificación ni de la más mínima intención de diálogo y entendimiento con las administraciones que se exige que se hagan cargo de estos menores».
Durante los últimos días, el departamento de Bienestar Social del gobierno liderado por Carlos Mazón ha comenzado a contactar con ayuntamientos alicantinos y del resto de la Comunitat para recopilar los posibles recursos que habría disponibles para cumplir con la orden emanada del Ejecutivo central. Pese a todo, Mazón ya anunció esta semana que promovería un recurso de suspensión cautelar del reparto de los menores que deben salir de Canarias para aliviar la situación de colapso que atraviesa el gobierno insular como consecuencia de la oleada de migración registrada hace un año.
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No obstante, desde el Consejo de Ministros ya advirtieron de que si alguna comunidad autónoma se niega a cumplir con lo establecido legalmente, actuarían las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Algo que en el Gobierno valenciano fue interpretado como una «amenaza» fuera de todo lugar.
Amenaza de Vox y reacciones de la izquierda
El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante ya había amenazado este viernes al alcalde de la ciudad, Luis Barcala, con «romper» pactos y «cualquier negociación posible», incluida la de los presupuestos de 2026, entre ambas formaciones si la capital alicantina acoge menores migrantes no acompañados.
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«Los menores deben ser inmediatamente repatriados con sus familias, que es donde deben estar. La ciudad ya tiene serios problemas de seguridad que se verían agravados si se aceptara este chantaje que se pretende imponer por el PP de Mazón y el Gobierno de Sánchez», han manifestado desde Vox.
Desde la oposición de izquierdas, la portavoz del PSPV, Ana Barceló, ha lamentado la «crueldad inaceptable» de Vox por querer «usar a niños y niñas vulnerables como moneda de cambio político». Y ha añadido: «Alicante no puede ser rehén del chantaje de la ultraderecha. Barcala debe decidir si gobierna para la ciudad o si se arrodilla ante quienes solo saben imponer y dividir».
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El grupo socialista ha vuelto a ofrecerse al gobierno municipal para «garantizar estabilidad y soluciones reales, con unos presupuestos que piensen en Alicante, que tengan en cuenta la necesidad de proporcionar una acogida digna y responsable de los menores, sin chantajes y sin una política del miedo».
Por su parte, EU-Podem ha difundido un comunicado en el que ha expresado su «más rotunda condena a las declaraciones realizadas por Vox». Argumenta que «la seguridad no se construye con discursos de odio ni con amenazas, sino con políticas de justicia social, igualdad de oportunidades y respeto a los derechos humanos»
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