Antifraude alerta de «indicios de fraude de ley» en la prórroga del contrato del parking l'Aigüera de Benidorm

La semana política de Benidorm comenzó muy movida a cuenta de la aprobación de los pliegos de licitación de la nueva megacontrata de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos y promete terminar todavía más revuelta después de que este jueves se haya conocido un informe emitido por la Agencia Valenciana Antifraude en el que el organismo alerta de «indicios de presunto fraude de ley» en la prórroga del contrato de gestión del parking de l'Aigüera, ubicado bajo el edificio del Ayuntamiento, a la empresa Aparcamientos Concertados S.A., actualmente Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

De hecho, además de levantar esa alarma, el organismo cifra en cerca de 600.000 euros el perjuicio que esta decisión habría producido a las arcas públicas municipales. Y todo ello, sólo 24 horas después de que el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, presumiera en su encuentro navideño con los medios de comunicación de la gestión económica realizada por su gobierno al frente del municipio.

Así, la Agencia Valenciana Antifraude da por terminada una investigación que se inició después de que en 2022 el grupo municipal de Ciudadanos, entonces con representación municipal, elevara una denuncia al respecto.

En concreto, el informe de antifraude afirma que «se acredita la existencia de indicios de presunto fraude de ley en la actividad contractual llevada a cabo por el Ayuntamiento de Benidorm» en el acuerdo que determinó que la mencionada empresa siguiera explotando el aparcamiento.

Esto sucedió en el mes de mayo de 2021, momento en el que el contrato llevaba ya un año caducado, y en un pleno en el que sólo contó con los votos favorables del equipo de gobierno del Partido Popular. Un acuerdo plenario que, según Antifraude, se alcanzó «sin motivarse debidamente la excepcionalidad en razones de interés público» incumpliendo, además, con otro acuerdo del máximo órgano municipal para que fuera el Ayuntamiento quien asumiera la gestión directa del parking fechado en febrero de 2020.

A juicio de la Agencia Valenciana Antifraude, esa prórroga conllevó la «alteración de las condiciones iniciales de la licitación prolongando la duración del contrato más allá del plazo fijado en los pliegos que rigieron la licitación, lo que supone una vulneración de los principios que rigen la contratación pública» considerando, así mismo, que ese procedimiento «equivaldría a una nueva adjudicación producida de forma directa o sin concurrencia».

Todo ello, según ese mismo informe, habría supuesto la «ruptura del equilibrio económico financiero de la concesión (…) encubriéndose una modificación contractual de reequilibrio económico sin acreditarse las causas previstas para ésta permitiendo el enriquecimiento a un particular a costa del interés general municipal».

Un quebranto que, gracias al «exceso de ingresos recaudados por la mercantil sobre los gastos soportados» habría supuesto, siempre según los cálculos de la Agencia Valenciana Antifraude, un «posible perjuicio para la hacienda pública en un total de 603.192,40 euros».

Tras conocerse este duro informe, el portavoz adjunto del PSPV-PSOE en Benidorm, Sergi Castillo, ha exigido «la comparecencia urgente» del alcalde de la ciudad, Toni Pérez, con el fin de aclarar esta cuestión ya que, ha asegurado, «lo que se relata en este extenso documento de 70 páginas, acreditado con numerosos informes técnicos, es de una enorme gravedad».

Para Castillo, «nos encontramos ante el primer gran caso de corrupción del gobierno de Toni Pérez, que tiene que comparecer inmediatamente para dar explicaciones, si es que puede».

Además, el Grupo Municipal Socialista ya ha presentado por registro un escrito firmado por su portavoz, Cristina Escoda, en el que pide una copia de toda la documentación de este caso que ha sido trasladado al Tribunal de Cuentas.

También demandan desde el principal partido de la oposición al primer edil que atienda «con la máxima celeridad» las recomendaciones realizadas por Antifraude en su escrito y que pasan «por un lado, por la reversión del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento el 31 de mayo del 2021 y, por otro, por la instrucción de expediente para exigir el reintegro de ingresos indebidos percibidos por la concesionaria».

Por el momento, el alcalde de Benidorm y también presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, no se ha pronunciado sobre esta cuestión y desde el equipo de gobierno local ha sido su portavoz, Lourdes Caselles, la que ha salido al paso de la información y las acusaciones de la oposición subrayando que Antifraude «no concluye que haya ningún delito en la gestión del parking».

Caselles afirma que «Castillo asegura que la Agencia confirma que se han producido actos ilícitos, cuando el órgano, en su informe, claramente habla de indicios y de presunciones, no dando nada por sentado».

La portavoz ha querido incidir a su vez en que sí se presentaron alegaciones a las conclusiones provisionales de la Agencia, incluidos varios informes, aunque asegura que «no han sido plasmadas».

En relación al contenido del informe y el expediente abierto por Antifraude, Caselles ha recordado que «el asunto contaba con todos los informes técnicos favorables» y ha insistido en que «el Ayuntamiento de Benidorm sí presentó alegaciones a las conclusiones provisionales».

Concretamente, ha añadido, «se respondió a esas conclusiones con un informe del Tesorero accidental de 28 de septiembre y otro del TAG de Contratación y Patrimonio de fecha 6 de octubre; documentación que, junto con oficio del alcalde, se envió a la Agencia Antifraude, que la recibió, tal y como acredita la documentación del Registro Electrónico del propio organismo con código: 2023494».

Ahora, «desconocemos por qué esas alegaciones no han sido plasmadas en las conclusiones definitivas que el organismo ha hecho públicas», ha precisado, para asegurar a continuación que «entendemos que es un defecto de forma que se deberá subsanar para dar todas las garantías a las partes».

La portavoz del gobierno local ha reiterado que «el Ayuntamiento de Benidorm ha actuado desde la máxima transparencia, aportando toda la documentación que le ha sido requerida, entre ella los informes técnicos, todos ellos, por cierto, favorables; que forman parte del expediente y evacuando los que han sido necesarios para contestar a sus conclusiones provisionales».

A la vista de este informe, y de la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas, Caselles ha informado que «el Ayuntamiento está actuando ya y desde el minuto uno sobre este asunto con la máxima diligencia».

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