Health Ministry and Regions Approve Mental Health Plan on Second Attempt

Mes y medio después de que las comunidades del PP lo tumbaran, el Ministerio de Sanidad y las autonomías han aprobado este viernes el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 después de que el departamento de Mónica García haya corregido los detalles técnicos que impidieron que el texto fuera aprobado a la primera.

La disputa se centraba en el uso del término 'deprescripción', que en el documento original se planteaba como uno de los objetivos a la hora de abordar los problemas de salud mental, es decir, que se recetaran menos fármacos en determinadas patologías que podrían tratarse, por ejemplo, con psicoterapia. La palabra 'deprescripción', sin embargo, suscitó las críticas de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPMS), que creía que esta formulación suponía un «estigma» para las personas «que requieren tratamientos farmacológicos a largo plazo». Ahora ha sido sustituida por «uso adecuado o racional» de los psicofármacos.

En este sentido, el acuerdo incluye la elaboración de una Guía de Práctica Clínica por parte de un equipo técnico independiente, que sirva como herramienta útil a los profesionales de salud mental en el uso adecuado de psicofármacos y apuesta por programas de formación en prescripción y deprescripción de hipnosedantes y antidepresivos y de fomento de la prescripción social. Superado el escollo terminológico, el plan ha contado con la unanimidad de todos los participantes en el Consejo Interterritorial de Salud, que se ha celebrado en Toledo.

El nuevo texto plantea un abordaje de los problemas de salud mental más centrado en los determinantes sociales, como la falta de empleo, la precariedad laboral o las dificultades para acceder a una vivienda. De esta forma, promueve un modelo de atención integral y comunitario que favorezca la recuperación e inclusión social de los pacientes, con el foco en los más vulnerables (los mayores, los migrantes, las personas en situación de exclusión social y las víctimas de violencia de género), y pone en marcha un grupo de expertos para analizar la salud mental de los niños y los jóvenes. También busca impulsar alternativas a la hospitalización como la atención domiciliaria, la hospitalización abierta y las casas de crisis para fomentar una vida autónoma con acceso a vivienda y trabajo digno.

Además, el documento propone la creación de la especialidad de psicología clínica de la infancia y la adolescencia, la mejora del acceso a la psicoterapia y la posibilidad de dotar a los profesionales sanitarios de más herramientas en el abordaje de la salud mental. El plan también aborda la necesidad de aumentar el número de profesionales en salud mental, mejorar sus condiciones laborales, cuidar su salud mental, garantizar su disponibilidad y retener el talento.