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Imagen del pleno celebrado este viernes en Benidorm TA
Unión política en Benidorm para exigir al Gobierno la construcción de la nueva Comisaría

Unión política en Benidorm para exigir al Gobierno la construcción de la nueva Comisaría

El pleno también ha aprobado la contratación de la defensa judicial para el recurso ante el Tribunal Supremo por la sentencia del APR-7

Viernes, 28 de junio 2024, 13:16

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Todos los grupos municipales con representación en el pleno de Benidorm han aprobado en la sesión ordinaria del mes de junio, celebrada en la mañana de este viernes, exigir al Gobierno de España que vuelva a colocar entre sus prioridades la construcción de la tan necesaria nueva Comisaría de la Policía Nacional en la capital turística de la Costa Blanca.

Todo ello, después de que esta misma semana y a preguntas del senador 'popular' Agustín Almodóbar en la Comisión de Interior de la Cámara Alta, el Secretario de Estado de Seguridad confirmara que esa infraestructura ha sido retirada del plan de inversiones actual y pospuesta para el que está previsto para el periodo 2025-2030.

En ese sentido, la moción votada de manera favorable por unanimidad, solicita que priorice en la dotación de los Presupuestos Generales de Estado de 2025 «las partidas suficientes y necesarias para la licitación, adjudicación e inicio en esa misma anualidad de las obras de construcción de la Comisaría del Cuerpo nacional de Policía» de la ciudad en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento para tal fin.

La moción de la Junta de Portavoces recuerda que en los PGE de 2022 ya se recogían ocho millones en una inversión plurianual, pero en el posterior borrador de las cuentas de 2023 ya no aparecía la Comisaría y no se tuvo en cuenta en la redacción y aprobación de los presupuestos generales a pesar de la unanimidad del acuerdo plenario de 31 de octubre de 2022.

Desde Benidorm se considera «muy decepcionante, cuando no indignante» que una infraestructura «tan merecida y esperada» no haya recibido la más mínima consignación ni en los PGE de 2023 ni en los de 2024. Las actuales instalaciones datan de 1972 y se construyeron para una plantilla de 175 policías frente a los más de 300 actuales, sin contar con los refuerzos estivales.

Asimismo, la corporación considera que además de dotar de consignación en 2025, las obras deberían comenzar ese mismo año «porque no existe razón alguna para no hacerlo, pues los trámites están muy avanzados y el Ayuntamiento de Benidorm ha hecho muchos esfuerzos para que la comisaría sea una realidad, cediendo el suelo necesario y óptimo según el propio Ministerio y encargando y presentando en 2018 el proyecto para que dicha infraestructura no sea ya una realidad».

Once millones de ahorro

Por otro lado, en materia económica se ha aprobado una modificación presupuestaria, avanzada ya esta semana por el alcalde de la ciudad, Toni Pérez; para incorporar al presupuesto de 2024 el ahorro obtenido en el ejercicio de 2023, cifrado en casi 10,8 millones. Ese dinero se destinará en su mayoría a aumentar las partidas para gasto social y para dinamizar la economía local. Así, según ha detallado la concejala de Hacienda, Aida García Mayor, «8,9 millones serán para gastos generales y el resto para gastos con financiación afectada».

La concejal ha recordado que de ese remanente se incorporarán 1,7 millones para complementar la subvención de la Diputación de 645.174 euros y realizar una nueva campaña de los bonos consumo en el mes de diciembre.

Polémica con la zona azul

Otra cuestión que ha llegado al pleno precedida de la polémica política ha sido la aprobación, en este caso por mayoría, de la propuesta del edil de Movilidad, Francis Muñoz, para suspender el acuerdo plenario de diciembre de 2023 por el que se acordó resolver el contrato de la ORA tras el recurso contencioso administrativo presentado por la UTE adjudicataria del servicio.

Muñoz ha afirmado que «procede por prudencia» la suspensión de dicho acuerdo plenario, considerando además el informe emitido por la dirección facultativa responsable del contrato. En ese sentido ha aclarado que «actuamos en base a los informes jurídicos y técnicos».

«Esa prudencia» ha continuado, «ha hecho que una sentencia del TSJ nos dé la razón. Esta UTE nos reclamaba un millón de euros y al final hemos conseguido que sean menos de 80.000. Nosotros no favorecemos a ninguna empresa, sino a los vecinos, que es nuestra responsabilidad» ha añadido Muñoz, que ha reiterado «la lealtad a los vecinos» y la «máxima rigurosidad en los procedimientos» con la que trabaja el gobierno local. «Estamos pendientes de un recurso y seremos prudentes porque no cabe otra actitud» agregaba.

Recurso al TS por el APR-7

El pleno también ha dado cuenta del reciente auto del Tribunal Superior de Justicia de aclaración de la sentencia 343/24 del pasado 23 de mayo relativa al APR-7 que fue solicitada por el Ayuntamiento de la ciudad, así como del acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local del 19 de junio que aprobó el contrato para la defensa judicial en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la citada sentencia. Igualmente, se ha dado cuenta de la información contable correspondiente al tercer y cuarto trimestre de 2023 y al primero de 2024.

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