Eduardo Zaplana mantendrá la calle que lleva su nombre en Benidorm

Fue alcalde de Benidorm durante sólo tres años (de 1991 a 1994). Hace ya más de tres décadas desde que dio el salto a la política autonómica y, casi 23 años desde que José María Aznar, entonces presidente del Gobierno, le convirtiera en ministro. Sin embargo, la sombra de Eduardo Zaplana en la capital turística de la Costa Blanca y en su día a día político es tan alargada que, incluso tanto tiempo después, sigue siendo causa y objeto de enconados debates y enfrentamientos.

El último ejemplo de ello se ha vivido en el pleno ordinario del mes de noviembre celebrado en la mañana de este viernes en el consistorio benidormense. En realidad, fue la segunda entrega de un debate que se debería haber abordado hace un mes, pero que se decidió posponer en aquel pleno ya que se optó por no iniciar debate alguno en señal de respeto por las entonces muy recientes víctimas de la DANA de Valencia.

El calendario ha querido que este pleno haya coincidido con el día en el que se cumple el primer mes de aquella tragedia, algo que no ha impedido que el máximo organismo de decisión municipal abordara la moción que en su día presento el PSOE local pidiendo que se retiraran todos los reconocimientos y honores al expolítico cartagenero tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que ha condenaba a Zaplana a más de diez años de prisión y, 17 de inhabilitación para cargo público y 25 millones de euros de multas por el conocido como caso Erial.

Como era de esperar, el debate plenario de este punto ha sido bronco y de palabras gruesas y, también como se preveía, la moción de los socialistas benidormenses no ha salido adelante gracias al voto en contra del Partido Popular (que gobierna con mayoría absoluta) y del único edil de Vox, que ha unido fuerzas con los 'populares'.

Desde la bancada socialista, ha sido su portavoz, Cristina Escoda, la que ha defendido esa petición de que no sólo se le retire a Zaplana la avenida lleva su nombre en la ciudad, sino también la Medalla Corporativa que se le concedió en 2012 así como la retirada de las placas que en espacios o edificios públicos contienen su nombre.

Por su parte, la portavoz del PP, Lourdes Caselles, argumentó el voto en contra de su formación escudándose en que la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia no es firme y que eso, además, hacía que la moción de los socialistas contara con un informe desfavorable. Caselles.

En lo meramente político o, al menos, en lo que afecta al día a día de la ciudad, el principal punto a debate en la sesión plenaria de hoy ha sido el acuerdo para retirar a la mercantil Terra Village Land la condición de agente urbanizador del sector PP3/1, el futuro polígono industrial de Benidorm.

Esta decisión se ha tomado después de haberse superado el precio del contrato inicial en un porcentaje superior al límite que establece la ley, un punto que, de nuevo, fue aprobado por PP y Vox contando, en este caso, con la abstención socialista.

Lourdes Caselles, también concejala de Urbanismo, ha recordado que este expediente se inició en el año 2001, cuando el pleno del Ayuntamiento adjudicó la condición de agente urbanizador de este sector y que en 2002 se apruebó definitivamente el programa y se adjudicó su urbanización, cuyas obras se valoraron en 26.488.703,23 euros.

Asimismo, ha indicado que este plan parcial fue planeado en el Plan General de 1990 y que sus obras fueron «paralizadas por las exigencias e imposiciones del Ministerio de Fomento al poco de ser iniciadas, obligándonos a ejecutar una rotonda y un vial al municipio de Benidorm, que le correspondería hacer al Ministerio» por ser la Administración competente.

Tras esta paralización y la solicitud de un préstamo por parte del Consistorio para ejecutar estas infraestructuras, «hubo que presentar un proyecto de modificación con las obras que ya se han ejecutado y un proyecto de terminación del sector» con una retasación que, según los informes técnicos, «queda patente un incremento de costes que excede en más de un 50%» sobre los costes iniciales.

La concejal ha responsabilizado de este revés a «las exigencias por parte del Ministerio», a los que también ha sumado «los retrasos del Botànic en aprobar la modificación del Plan Parcial», impidiendo el desarrollo de este sector comercial «sin asumir ningún porcentaje de una obra que le debería corresponder íntegramente a Fomento».

A partir de ahora, según ha explicado Lourdes Caselles, se dará un plazo de audiencia de 10 días a Terra Village. En caso de que en el periodo de alegaciones la empresa se oponga a la resolución del contrato, el expediente deberá remitirse al Consell Jurídic Consultiu. Si no se opone, el asunto se resolverá directamente en sede municipal sin necesidad de dictamen externo.

Asimismo, una vez resuelto el contrato, se deberá proceder a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas y del programa.

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