Imagen de una de las principales entradas de la ciudad de Benidorm / Visit Benidorm

Benidorm reconoce que no tiene tiempo de crear su zona de bajas emisiones y pide una prórroga al Gobierno

La Unión Europea marcó el 1 de enero de 2023 como fecha tope | Las autoridades podrían multar desde Año Nuevo aunque no se hayan ejecutado las obras

Nicolás Van Looy
NICOLÁS VAN LOOY Benidorm

No hay tiempo material. Es imposible cumplir el plazo marcado por la legislación europea que obliga a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a crear zonas de bajas emisiones (ZBE) en sus núcleos urbanos y que marca el día 1 de enero de 2023 como el día que supondrá un antes y un después en el paradigma tradicional de la movilidad en toda la Unión Europea (UE).

Pero no. No hay tiempo, insisten desde los ayuntamientos de muchas ciudades, incluida Benidorm. José Ramón González de Zárate, concejal de Movilidad de la capital turística de la Comunitat Valenciana, reconoce a TODOALICANTE que, como ya se anunciara en su momento, las obras necesarias para la creación definitiva de la ZBE benidormense, «están en fase de licitación, así que es imposible que lleguemos a tiempo para poder tenerlo todo terminado en enero». Y avisa: «como es una normativa europea y, por lo tanto, de obligado cumplimiento, aunque no se hayan podido realizar las actuaciones necesarias, desde el 1 de enero se podría multar a los vehículos que entren en las ZBE» de Benidorm y de cualquier otra ciudad.

Ante esta situación de premura, el pleno del ayuntamiento de Benidorm, que se celebrará el próximo lunes, aprobará una moción de los grupos municipales del Partido Popular (en el gobierno con mayoría absoluta) y Ciudadanos para «instar al Gobierno de España a que aprueben con carácter urgente las medidas legislativas correspondientes para acordar un aplazamiento en la obligación del establecimiento, antes de 2023, de las Zonas de Bajas Emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes y en los de más de 20.000 cuando superen los valores límite de los contaminantes regulados por Real decreto».

La moción argumenta que «el Gobierno de España todavía no ha realizado el desarrollo reglamentario» de la norma que obliga al establecimiento de las ZBE, «por lo que no se ha concretado el mandato genérico de establecimiento de las ZBE».

El documento, además, incide en que el Ejecutivo «debe establecer los requisitos mínimos que deben cumplir dichas ZBE, aportando seguridad jurídica a los usuarios, empresas y la ciudadanía en general».

Fondos europeos en peligro

Los 'populares' y los miembros del partido naranja, redactores de esta moción, señalan así mismo que al «no tener aprobado el Real Decreto que regula las ZBE se está generando una incertidumbre innecesaria a las Entidades Locales» lo que implica que «se pueden poner en riesgo los fondos europeos asociados a la entrada en vigor de las mismas».

La propuesta añade la reclamación de que, «en aras a la autonomía municipal», cada ayuntamiento «debería tener la libertad de decidir si la creación de una ZBE es una medida efectiva para conseguir el objetivo de luchar contra la contaminación o no» de forma que estas entidades locales tengan «la libertad de delimitar su alcance y condiciones para cumplir así el principio de autonomía local».

Así mismo, la moción hace referencia a la actual situación económica que están atravesando muchas familias y que imposibilita en gran medida uno de los grandes objetivos finales que persiguen las ZBE, es decir, la sustitución en masa del actual parque móvil por vehículos eléctricos o medios de transporte sostenibles.

En ese sentido, el documento expone que «en el actual contexto de crisis puede suponer un serio problema para muchas familias y empresas, vulnerables económicamente, que se verán obligadas a sustituir sus vehículos por otros menos contaminantes y, sin embargo, no pueden afrontar dicha renovación».

La ZBE planteada por el ayuntamiento de Benidorm y que deberá entrar en vigor en un futuro no muy lejano afecta a un área de 75 hectáreas divididas en tres zonas de Levante, Centro y Poniente y plantea, en algunos casos, la supresión completa del tráfico rodado, algo que ocurrirá en arterias como las avenidas del Mediterráneo o de Armada Española. Para todo ello, las obras que ya están siendo licitadas tienen un presupuesto de cerca de tres millones y medio de euros.