CC OO sopesa impugnar en el juzgado la privatización de vigilancia de edificios públicos en Alicante
El equipo de gobierno contratará seguridad privada para la Casa Consistorial, los mercados y el Castillo de Santa Bárbara, entre otros inmuebles
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) valora la interposición de acciones administrativas y judiciales, incluida la solicitud de medidas cautelares, a la decisión del Ayuntamiento de Alicante de contratar seguridad privada para la vigilancia y custodia de edificios municipales. El equipo de gobierno ha puesto en marcha la licitación de un contrato de vigilancia privada en diferentes dependencias municipales como el propio Ayuntamiento, los mercados municipales, el castillo de Santa Bárbara o los depósitos de vehículos entre otros. Una iniciativa tomada por el Partido Popular como parte de los acuerdos alcanzados con el grupo municipal de Vox.
El Ayuntamiento argumentó que, con esta medida, se liberará a 36 agentes de la Policía Local «que prestan este servicio para que se incorporen a funciones de patrulla y seguridad en la vía pública». Sin embargo, desde Comisiones Obreras expresan «su profunda preocupación y rechazo» por la medida. Entiende, además, que no es legal, ya que «el Cuerpo de Policía Local de Alicante tiene el deber de realizarla», citando la Ley Orgánica 2/1986.
CCOO advierte que «la Ley de Seguridad Privada establece límites estrictos», entre ellos, que «las empresas privadas no pueden asumir funciones propias de los cuerpos de seguridad pública», así lo establece su artículo 1 cuando dice que« las actividades de seguridad privada tienen la consideración de complementarias y subordinadas respecto de la seguridad pública».
Por tanto, entienden desde el sindicato, «la vigilancia de edificios públicos municipales es una competencia propia de la Policía Local, elemento esencial de la seguridad pública y del funcionamiento institucional y siempre va a tener que ejercerla».
La externalización de esta actividad supone, en la práctica, «una privatización encubierta de funciones públicas que afectan directamente al servicio de la ciudadanía y a la calidad democrática de Alicante». Y «puede contravenir el marco legal, generando inseguridad jurídica y poniendo en riesgo el principio de reserva de potestades públicas». De ahí que cuando tengan toda la documentación que han reclamado al Portal de Transparencia valorarán acudir a los juzgados para que no se lleve a cabo.
Ya hay antecedentes. Este tipo de medida ya lo intentó el gobierno popular en mandato del alcalde Díaz Alperi hace casi veinte años, algo que fue denunciado por el Síndic de Greuges y una sentencia del TSJCV «anuló la privatización de la seguridad pública».
En lugar de externalizar el servicio, CCOO insta al Ayuntamiento a que «priorice la creación y consolidación de empleo público estable y suficiente». Recuerda que «el Ayuntamiento de Alicante mantiene plazas vacantes en la plantilla de Policía Local y no ha agotado su cobertura mediante oferta pública de empleo».
CCOO exige al alcalde que «rectifique, abandone estos 'inventos' y centre sus esfuerzos en fortalecer la seguridad pública, recuperar la confianza en la institución policial y garantizar que Alicante cuente con un cuerpo de Policía Local dotado, respetado y plenamente operativo».
